La intolerancia religiosa se acentúa en Mixes y Sierra
La Comisión Estatal para la Defensa de los Derechos Humanos ha comenzado ocho expedientes en todo el estado por ese tipo de irregularidades
El presidente de la Comisión Estatal para la Defensa de los Derechos Humanos, Heriberto Antonio García, señaló que la dependencia a su cargo tiene actualmente en trámite ocho expedientes por intolerancia religiosa, mayoritariamente de casos sucedidos en las regiones Mixe y Sierra Juárez.
Dijo que estos temas son de difícil resolución si se toman en cuenta las costumbres ancestrales de los pueblos, donde en algunas comunidades se sigue exigiendo tener una religión, violando la garantía del artículo 24 constitucional referente a la libertad de culto religioso. En el caso de Santa María Yohueche, apuntó, se atendió el caso y se dio una recomendación que en la actualidad permanece en la Secretaría General de Gobierno a través del área de la Dirección de Asuntos Religiosos. En Yohueche, Donaciano Díaz Ruiz y Jaime Lorenzo Luna fueron acusados por las autoridades locales de faltar a sus deberes comunitarios y cooperaciones económicas, además de promover un culto religioso que no es aprobado por esas autoridades.
Ambos aportaron elementos ante el Ministerio Público, relativos a su cumplimiento con las obligaciones comunitarias y respecto al señalamiento de la promoción de una creencia distinta a la tradicional.
Los pastores presentaron en su favor lo garantizado por la Constitución de la República en cuanto a la libertad de creencias, así como las disposiciones contenidas en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.
Las leyes amparan el derecho a elegir y promover la creencia que se considere.
Antonio García explicó que en distintas comunidades de Oaxaca se ha dialogado con autoridades y pueblo en general para promover una cultura de respeto a los derechos humanos de la libertad de culto, pensamiento y religión.
Reconoció que la mayoría de los casos de intolerancia religiosa se dan en los Mixes y Sierra Juárez y, con menor frecuencia, en la Mixteca.
Por otra parte, Antonio García, abundó que durante 2009 se presentó una propuesta para que los servidores públicos que no cumplan con una recomendación o no la acepten, sean llamados al Congreso.
Lo anterior, dijo, se suma a la reforma aprobada recientemente en el Senado de la República, que considera llamar a cuentas a los servidores públicos por parte de los congresos.
Externó que hace falta ese fortalecimiento de los Derechos Humanos a través de un marco jurídico que permita esa eficiencia y se cumpla con las recomendaciones que se hacen por parte de esta Comisión, de lo contrario, el trabajo es “en vano”.
Dijo que estos temas son de difícil resolución si se toman en cuenta las costumbres ancestrales de los pueblos, donde en algunas comunidades se sigue exigiendo tener una religión, violando la garantía del artículo 24 constitucional referente a la libertad de culto religioso. En el caso de Santa María Yohueche, apuntó, se atendió el caso y se dio una recomendación que en la actualidad permanece en la Secretaría General de Gobierno a través del área de la Dirección de Asuntos Religiosos. En Yohueche, Donaciano Díaz Ruiz y Jaime Lorenzo Luna fueron acusados por las autoridades locales de faltar a sus deberes comunitarios y cooperaciones económicas, además de promover un culto religioso que no es aprobado por esas autoridades.
Ambos aportaron elementos ante el Ministerio Público, relativos a su cumplimiento con las obligaciones comunitarias y respecto al señalamiento de la promoción de una creencia distinta a la tradicional.
Los pastores presentaron en su favor lo garantizado por la Constitución de la República en cuanto a la libertad de creencias, así como las disposiciones contenidas en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.
Las leyes amparan el derecho a elegir y promover la creencia que se considere.
Antonio García explicó que en distintas comunidades de Oaxaca se ha dialogado con autoridades y pueblo en general para promover una cultura de respeto a los derechos humanos de la libertad de culto, pensamiento y religión.
Reconoció que la mayoría de los casos de intolerancia religiosa se dan en los Mixes y Sierra Juárez y, con menor frecuencia, en la Mixteca.
Por otra parte, Antonio García, abundó que durante 2009 se presentó una propuesta para que los servidores públicos que no cumplan con una recomendación o no la acepten, sean llamados al Congreso.
Lo anterior, dijo, se suma a la reforma aprobada recientemente en el Senado de la República, que considera llamar a cuentas a los servidores públicos por parte de los congresos.
Externó que hace falta ese fortalecimiento de los Derechos Humanos a través de un marco jurídico que permita esa eficiencia y se cumpla con las recomendaciones que se hacen por parte de esta Comisión, de lo contrario, el trabajo es “en vano”.
