Evangélicos de Yaa en EU pedirán intervención del consulado ante intolerancia

Cristianos evangélicos de San Andrés Yaa radicados en los Estados Unidos pedirán la intervención de la autoridad norteamericana ante el desinterés del gobierno de México y de Oaxaca para garantizar la integridad de quienes profesan una fe distinta a la católica en esa comunidad.
Así lo informaron en conferencia de prensa Imeldo y Claudio Amaya Gabriel, representantes de la iglesia evangélica en ese municipio del distrito de Villa Alta y quienes señalan que hasta el momento no se les ha permitido ejercer su libertad de culto.
Tras ser liberado la tarde del jueves de la cárcel de Yaa, Imeldo Amaya señaló que ni la autoridad estatal ni la municipal han respetado la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para regresar a su comunidad.
"Un poder federal ordenó que dieran garantías para que regresáramos al pueblo, pero la cumplen; la autoridad municipal nos dijo que eso no tiene ninguna validez y que en el pueblo son católicos", dijo.
Expuso que tanto el presidente municipal, Daniel Mateos Marcial, como el síndico Pablo Nazario Fabián, son quienes se oponen a cumplir con el mandato, en tanto la autoridad estatal tampoco ofrece las garantías necesarias.
Insistió en demandar la protección del Gobierno del Estado para que tanto los cristianos que se encuentran en Yaa, como él, puedan tener las garantías constitucionales a fin de ejercer su fe.
Amaya Gabriel fue expulsado de su comunidad el 6 de julio del año pasado; tras una resolución del Poder Judicial, en abril pasado, pretendió regresar el jueves a su comunidad, pero fue retenido durante todo el día.

Intimida munícipe de Colotepec en Casa de Oración

RACIEL MARTINEZ/ PERIODICO NOTICIAS

Integrantes de la Iglesia "Casa de Oración para todas las Naciones" denunciaron la intimidación de la cual son objeto por parte de la autoridad municipal de Santa María Colotepec, al presionarlos para que abandonen un predio donde desarrollan su culto religioso.
Al solicitar la intervención del gobernador Gabino Cué Monteagudo, Salvador Martínez Suateguí, pastor principal de la referida religión, detalló que de manera intimidatoria e sedicente ministro religioso Jonh Dale Nickel, a través del regidor municipal de Obras Públicas de Santa María Colotepec Eugenio Castellanos, Alfredo Gallegos y Fredy Gallegos les han notificado que "por las buenas o por las malas deben entregar el inmueble que actualmente ocupa su iglesia en la Colonia Brisas de Zicatela, propiedad que a decir de estas personas debemos entregarles a más tardar el 20 de abril, por ello, y dado los actos intimidatorios que se han generado, el pasado 25 de marzo se presentó una primera denuncia en relación a estos hechos".
Detrás del la pugna, informó, está que los afiliados a esa iglesia fueron defraudados por Jhon Dale Nickel y su esposa Angela Margot Nickel, pues cuando se adquirió dicho inmueble, se puso a nombre de esta última, "y cuando decidimos separarnos de su comunión espiritual, pues por sus actos eran contrarios a los principios cristianos al punto de ser sospechosos de actos criminales, estos nos despojaron del inmueble".
Finalmente, asentó en un escrito entregado en la oficina de la gubernatura, "el Comisariado de Bienes Comunales resolvió a favor de la iglesia que representa Martínez Suateguí y por ello se recuperó la posesión del inmueble.
"Ahora aparece Fredy Gallegos, acompañada de una autoridad municipal, para exigirnos la entrega inmediata del inmueble, valiéndose de que la señora Margot Nickel le endosó el título de la constancia de posesión del inmueble, acto jurídico que carece de toda validez".
Se denuncia también que existen a la fecha homicidios que se relacionan con la persona de Jhon Nickel, derivado precisamente de sus actividades religiosas, como la muerte del señor Pedro Santaella Suárez, acaecido en el mes de junio del 2009, y del señor Evelio Vásquez Cruz acaecidos a finales del mes de febrero del 2010, crímenes aún no resueltos.
En el documento se asienta que hay temor por las amenazas vertidas, "por ello, y estando en riesgo nuestra integridad física la de toda la feligresía, solicitamos se tomen medidas cautelares para salvaguardar nuestra integridad".

La intolerancia religiosa se acentúa en Mixes y Sierra

La Comisión Estatal para la Defensa de los Derechos Humanos ha comenzado ocho expedientes en todo el estado por ese tipo de irregularidades

El presidente de la Comisión Estatal para la Defensa de los Derechos Humanos, Heriberto Antonio García, señaló que la dependencia a su cargo tiene actualmente en trámite ocho expedientes por intolerancia religiosa, mayoritariamente de casos sucedidos en las regiones Mixe y Sierra Juárez.
Dijo que estos temas son de difícil resolución si se toman en cuenta las costumbres ancestrales de los pueblos, donde en algunas comunidades se sigue exigiendo tener una religión, violando la garantía del artículo 24 constitucional referente a la libertad de culto religioso. En el caso de Santa María Yohueche, apuntó, se atendió el caso y se dio una recomendación que en la actualidad permanece en la Secretaría General de Gobierno a través del área de la Dirección de Asuntos Religiosos. En Yohueche, Donaciano Díaz Ruiz y Jaime Lorenzo Luna fueron acusados por las autoridades locales de faltar a sus deberes comunitarios y cooperaciones económicas, además de promover un culto religioso que no es aprobado por esas autoridades.
Ambos aportaron elementos ante el Ministerio Público, relativos a su cumplimiento con las obligaciones comunitarias y respecto al señalamiento de la promoción de una creencia distinta a la tradicional.
Los pastores presentaron en su favor lo garantizado por la Constitución de la República en cuanto a la libertad de creencias, así como las disposiciones contenidas en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.
Las leyes amparan el derecho a elegir y promover la creencia que se considere.
Antonio García explicó que en distintas comunidades de Oaxaca se ha dialogado con autoridades y pueblo en general para promover una cultura de respeto a los derechos humanos de la libertad de culto, pensamiento y religión.
Reconoció que la mayoría de los casos de intolerancia religiosa se dan en los Mixes y Sierra Juárez y, con menor frecuencia, en la Mixteca.
Por otra parte, Antonio García, abundó que durante 2009 se presentó una propuesta para que los servidores públicos que no cumplan con una recomendación o no la acepten, sean llamados al Congreso.
Lo anterior, dijo, se suma a la reforma aprobada recientemente en el Senado de la República, que considera llamar a cuentas a los servidores públicos por parte de los congresos.
Externó que hace falta ese fortalecimiento de los Derechos Humanos a través de un marco jurídico que permita esa eficiencia y se cumpla con las recomendaciones que se hacen por parte de esta Comisión, de lo contrario, el trabajo es “en vano”.

DENUNCIAN INTOLERANCIA RELIGIOSA EN SAN ANDRES YAA

El pastor Imeldo Amaya denunció que a más de 6 meses de su expulsión de San Andrés Yaa, no hay castigo para los responsables.

Oaxaca, 18 Feb. (Notimex).- Habitantes de San Andrés Yaa denunciaron la intolerancia religiosa de que han sido objeto desde hace seis meses, tiempo en que fueron expulsados de sus comunidades por practicar una religión distinta a la católica.

Al respecto, Imeldo Amaya, pastor cristiano evangélico de esta comunidad, explicó que desde el seis de julio de 2010, él y su hermano Claudio, fueron desterrados de la comunidad y separados de sus familias, bajo la amenaza de cortarles la cabeza ante cualquier intento de regresar a sus hogares.

La advertencia, dijo, fue hecha por el entonces presidente municipal Macedonio Ramírez Ventura y los integrantes de su cabildo, quienes argumentaron que "nosotros pretendíamos dividir al pueblo con nuestra religión y que por determinación de la Asamblea nos expulsaban del pueblo".

"Cuando salimos destruyeron el templo donde nos reuníamos más o menos 15 personas, también cristianas", agregó el pastor de esta comunidad de cerca de 300 habitantes.

Aunque actualmente cuentan con una recomendación de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos de Oaxaca, dirigida al nuevo ayuntamiento, lo cierto es que hasta la fecha continúan sin poder ingresar a su comunidad, y sin poder cultivar la tierra para la manutención de sus familias.

"Ahorita nuestros hijos están sobreviviendo con lo que dejó la cosecha del año pasado, porque nosotros no tenemos en dónde trabajar aquí (en la ciudad) y luego nos mandan a llamar del juzgado o de algún otro lugar y hay que estar disponible", lamentó el religioso.

Denunció que sumado a su expulsión, obligaron a sus familias a pagar una multa de seis mil pesos, misma que inicialmente ascendía a 12 mil.

Al respecto, Porfirio Flores, representante legal de los cristianos expulsados, señaló que en la entidad "la intolerancia religiosa es una constante, la persecución y expulsión de sus comunidades de la gente que practica una religión distinta a la católica, se ve cada vez más en Oaxaca".

Comunidades como Santa María Yohueche, en Valles Centrales, Santiago Teotlasco, Santa María Leiatzona, San Andrés Yaa, y La Palma, entre otros, son comunidades donde en el último año se han registrado incidentes de intolerancia en distintos niveles.

"Son personas que a pesar de ser de otra religión, han cumplido con los cargos que se les encomiendan para el servicio de la comunidad, aún cuando éstos están relacionados con la iglesia católica, pero aún así, en nombre de los Usos y Costumbres de las comunidades, se les margina y se les per

Por ello, llamó a las autoridades estatales, a "ser sensibles con este tema" a fin de eliminar esta práctica en todo el estado, y solucionar los temas que mantienen desterrados de sus comunidades a decenas de practicantes de otras religiones distintas a la católica.

Desatienden autoridades casos de intolerancia religiosa

A seis meses de haber sido exiliado de San Andrés Yaa, distrito de Villa Alta, por profesar una religión diferente a la católica, Imeldo Amaya denunció la falta de atención de las autoridades gubernamentales.
En conferencia de prensa, exigió el cese a la intolerancia religiosa en su comunidad y refirió que en 2010, un grupo de personas de la localidad incendiaron la iglesia evangélica, de la cual formaba parte, y lo amenazaron con "ahorcarlo".
Ante ello, dijo, se vio obligado a huir de la población con su hermano, quien también es perseguido, y dejar en el abandono a su familia.
Abundó que a pesar de haber asistido a las instancias legales correspondientes, tales como la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), el Poder Judicial de la Federación, así como la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos de Oaxaca (CDDHO) y la Secretaría General de Gobierno, hasta el momento no ha sido escuchado.
En San Andrés, afirmó, al menos otras 15 personas no profesan el catolicismo, contra quienes se han impuesto multas, además de ser obligadas a aceptar las disposiciones de las autoridades municipales encabezadas el año pasado por Macedonio Ramírez Ventura.
Agregó que aún cuando en este 2011 se cambiaron las autoridades, hasta el momento no ha podido entablar comunicación con el representante de Yaa, Daniel Mateo Marcial.
Cabe destacar que de acuerdo al ombusdman estatal, Heriberto Antonio García, informó que los casos de intolerancia religiosa en la entidad, se han focalizado en la Sierra Norte y Mixe.
Precisó que la CDDHO ha recibido en el último trienio, 37 expedientes contra autoridades municipales, el Instituto Estatal de Educación Pública (IEEPO) y la PGJE, relacionados con el tema.
Refirió que tan sólo en 2010, el organismo recibió 11 quejas, cuatro de las cuales fueron concluidas y siete se encuentran en trámite. Los ayuntamientos señalados con Villa Alta, San Andrés Yaa, San Carlos Yautepec, Ixtlán de Juárez, San Miguel Quetzaltepec, Yatzachi el Bajo, Santo Tomás Jalieza y la Procuraduría.
Antonio García abundó que en los primeros dos meses de este año, ya se tiene abierto un expediente por intolerancia religiosa en Yaganiza, Distrito de Villa Alta.
Aseguró que el problema en la entidad, tiene un trasfondo cultural, ya que en las 37 quejas se tiene documentado que las autoridades imponen la religión católica a las personas, lo que tiene como consecuencia la exigencia en el cumplimiento de cargos, requerimientos económicos por el santo patrono, y hasta la expulsión.
Por tanto, consideró fundamental realizar un trabajo conjunto de las instancias gubernamentales involucradas en el tema para respectar el artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que garantiza la libertad de culto.
Numeralia:
En 3 años la CDDHO ha emitido 7 recomendaciones por intolerancia religiosa:

• 2 en 2008, ambas contra Asunción Cacalotepec
• 2 en 2009, ambas contra Ixtlán de Juárez
• 3 en 2010, 2 contra Ixtlán de Juárez, y una contra San Andrés Villa Alta

por FLOR HERNÁNDEZ, PERIODICO NOTICIAS

Evangélicos cumplen 3 semanas expulsados Yohueche

Los evangélicos que fueron expulsados de Santa María Yohueche por profesar una religión diferente a la católica, cumplieron tres semanas fuera de sus hogares y continúan privados de sus pertenencias.
Aún cuando ya no están en la población, persisten las afectaciones en contra de su persona y sus bienes.
Recientemente el pastor evangélico Donaciano Díaz Ruiz, fue notificado de una deuda generada por el uso del teléfono celular que le fue robado por los pobladores que lo expulsaron.
La cuenta que tiene que pagar asciende a los más de mil pesos ya que de manera indiscriminada realizaron llamadas hacia diversos teléfonos locales, entre ellos el de Rosalva Pastor, persona que encabezó la expulsión de los evangélicos.
Hasta el momento, la Secretaría General de Gobierno (Segego), no ha logrado mediar para que las personas desplazadas puedan regresar a su comunidad y recuperar sus bienes inmuebles y animales de ganado.
El conflicto religioso por el cual resultaron expulsados, inició en 27 de noviembre del año pasado cuando fueron multados y encarcelados, acusados de intentar construir un templo de oración sin el permiso de la autoridad municipal.
El hostigamiento continuó el 3 de diciembre cuando nuevamente fueron aprehendidos por haber interpuesto una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y la Comisión Estatal para la Defensa de los Derechos Humanos de Oaxaca (CEDDHO).
La denuncia y la queja fueron interpuestas en contra de Reynaldo Chávez y Rosalba Pastor, por los delitos de abuso de autoridad, robo y despojo.
Junto con Donaciano Díaz, siguen exiliados Angélica Díaz, y sus hermanos en la fe Jaime Lorenzo Luna y Juliana de la Cruz.
De acuerdo con los evangélicos, el plazo fijado por la Segego para lograr destrabar el conflicto en Santa María Yohueche es el próximo lunes 14, según lo acordado con Francisco Zavaleta Rojas, director de Asuntos Religiosos de la Segego.

Periódico Noticias, Citlalli López

PERSEGUIDOS EN SANTA MARIA YOHUECHE

CARLOS MARTINEZ GARCIA

PERIODICO LA JORNADA

El gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, debe actuar con celeridad ante los crecientes problemas de intolerancia religiosa en su entidad. En las semanas pasadas uno de esos casos se intensificó más con el encarcelamiento, en Santa María Yohueche, del pastor evangélico Donaciano Díaz Ruiz.

El poblado Santa María Yohueche está ubicado en la sierra norte de la entidad, a unos 90 kilómetros de la ciudad de Oaxaca. Como muchos de sus coterráneos, Donaciano Díaz Ruiz emigró a Estados Unidos y reside en Los Ángeles, California. Él y su esposa son ciudadanos estadunidenses, pero su identidad yohuechense es para los dos muy importante y de ahí que sigan manteniendo estrechos vínculos con familiares y coterráneos que comparten su fe religiosa evangélica. Ambos, desde Los Ángeles, envían recursos monetarios para cubrir sus deberes comunitarios y apoyar a la pequeña iglesia evangélica del lugar.

Las condiciones adversas para la célula protestante fueron subiendo de intensidad. Al principio recibieron advertencias de las autoridades de no proseguir con sus actividades religiosas. Después los agrupados en la comunidad evangélica fueron multados con 6 mil pesos y penas de cárcel por practicar una creencia distinta a la imperante en el lugar. Todo se agudizó cuando el pastor Donaciano Díaz y Jaime Lorenzo Luna (habitante del lugar y representante de la Iglesia cristiana misionera) iniciaron actividades para construir un templo donde pudiesen congregarse integrantes de su confesión.

Doce familias han sido expulsadas de Yohueche por la agencia municipal. Donaciano Díaz Ruiz y Jaime Lorenzo Luna fueron acusados por las autoridades del poblado de faltar a sus deberes comunitarios y cooperaciones económicas, además de promover un culto religioso que no es aprobado por esas autoridades. Los dos han aportado pruebas de que la primera de las acusaciones es falsa, y aportaron elementos, que tiene el Ministerio Público, relativos a su cumplimiento con las obligaciones comunitarias.

Respecto al señalamiento de que Díaz Ruiz y Lorenzo Luna promueven una creencia distinta a la tradicional, ambos han presentado en su favor lo garantizado por la Constitución de la República en cuanto a la libertad de creencias, así como lo normado por la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Las leyes amparan su derecho a elegir y promover la creencia por las que han optado.

En noviembre de 2010 Donaciano Díaz Ruiz fue violentamente sacado de su domicilio. Un grupo de hombres fue por él para llevarlo ante el alcalde Victorino Agustín Morales, quien le impuso un encarcelamiento por 48 horas durante las cuales se vulneraron sus derechos al prohibirle cualquier comunicación con familiares o algún defensor legal. El delito que le achacan, que no es tal, se relaciona con ser el líder de los protestantes.

La semana pasada el pastor Donaciano y Jaime Lorenzo Luna fueron encarcelados. Antes al inmueble donde ambos se encontraban, llegaron dos personas que dijeron ser abogados (Rosalba Pastor y Reyna Chávez) y enviadas por las autoridades municipales. Los dos señalan que, además de ser retenidos, ilegalmente les fueron robados 28 mil pesos en efectivo, 3 mil 500 dólares y una cámara de video. Por si todo esto no fuera suficiente, y testimonio sólido de que las autoridades de Santa María Yohueche son las que vulneran las leyes, los dos evangélicos fueron expulsados de la comunidad. Si quieren retornar al poblado deberán cubrir una sanción de 50 mil pesos. Nada más porque con el pretexto de ir contra los usos y costumbres de Yohueche, la agencia municipal ha decidido erradicar del lugar a los evangélicos.

Eréndira Cruz Villegas, comisionada de Derechos Humanos del gobierno de Oaxaca, ha identificado claramente el problema como resultado de la intolerancia religiosa. Por lo anterior la Procuraduría de Justicia del estado ha implementado medidas cautelares para garantizar la “preservación de la integridad física de estos miembros de la Iglesia evangélica”. Adicionalmente se refirió a otros focos rojos de intolerancia religiosa en Oaxaca, y sostuvo que no se permitirán atentados “contra la libertad de culto religioso”. Esperamos que así sea, y Oaxaca deje de ser la entidad con mayor número de casos de intolerancia religiosa que no se solucionan en favor de los perseguidos.

Es central que las autoridades del gobierno estatal hagan valer las leyes. También que refuercen acciones educativas para construir el respeto a las minorías y una cultura de paz, que permita la convivencia de los diferentes y el ejercicio de sus derechos. Porque el horizonte irreversible es el de mayor diversificación de la sociedad oaxaqueña. En ese horizonte el de la pluralización religiosa es un componente fundamental.

Llama la atención que mientras algunos jerarcas católicos continúan demonizando a las minorías religiosas, refiriéndose a ellas en forma despectiva, y hasta soez, el arzobispo de Oaxaca, José Luis Chávez Botello, hace llamados para que desde todos los ángulos se atiendan los conflictos de intolerancia religiosa, ya que ella “representa un peligro para la gobernabilidad y la paz social de las comunidades indígenas”.

El caso de Santa María Yohueche, y cómo se le dé solución, podría perfilar la forma en que el gobierno de Gabino Cué Monteagudo va a responder cuando se atacan los derechos de los oaxaqueños que han optado por otra creencia religiosa en los poblados preponderantemente indígenas.